En un Manifiesto en defensa de la Escuela Rural de Canarias, adjunto al pliego de firmas, el S.T.E.C pide el apoyo a la Directora del C.E.I.P. de Lodero de la Villa de Mazo, con más de 30 años de servicios, que ha sido apercibida por la Inspección por llevar adelante el acuerdo del Consejo Escolar, de admitir las solicitudes de matrícula de continuidad de sus alumnos de 4º para cursar 5º el próximo curso 2003/04. El S.T.E.C. denuncia que estas actuaciones de la Consejería constituyen un atentado a la autonomía y gestión democrática de los centros educativos, en la medida en que los padres prefieren la continuidad de sus hijos en su centro antes que acudir al colegio comarcal que se encuentra masificado. En los últimos años, la política de recortes de la Consejería en su afán de contribuir al tristemente célebre, déficit 0, no garantiza que se cubran las bajas del profesorado enfermo de los centros grandes y obliga al equipo directivo a que, a ratos, "cuide" a estos alumnos, con lo que se reciente la calidad de la enseñanza pública.

El S:T.E.C. denuncia que estas actuaciones no son aisladas, sino que forman parte de un Plan mediante el cual este tipo de escuelas casi las han desparecido de Fuerteventura y La Gomera, las han reducido en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. Son medidas arbitrarias, en la medida en que la Administración incumple la normativa en los centros que le interesa, permitiendo pasar de las ratios profesor/alumno en los centros grandes, masificando, mientras que en las escuelas pequeñas, en los que hay plazas vacantes, no permite la matrícula en los cursos finales de Primaria con el objetivo de separar a los hermanos y que, finalmente, los padres se vean obligados a matricular a todos en el centro comarcal. Para ello les facilita el transporte escolar gratuito para ir al centro comarcal, pero no al contrario

El S.T.E.C. denuncia que la Consejería firmó el pasado curso, un Acuerdo- Marco, con una minoría sindical domesticada, en el que, entre otras desgracias, sacrifica a estas escuelas y condena al profesorado interino al paro y la inestabilidad laboral, dentro de esta política de recortes. Las últimas elecciones sindicales de 2000 castigaron a esta minoría sindical y, sin embargo, el Sr. Ruano se sigue apoyando antidemocráticamente en estos sindicatos para agredir a la enseñanza pública, pisoteando las demandas de padres, alumnos y profesores en toda Canarias. Recordemos la manifestación de más de 2000 personas en La Palma en el pasado curso en defensa de estas escuelas.

El S.T.E.C. exige la revisión y negociación de esta política errática de la Consejería y plantea que las escuelas rurales han constituido desde hace muchos años un instrumento eficaz al servicio de la educación pública (muchos de nuestros políticos, intelectuales y profesionales se formaron en ellas), han sido durante una larga etapa las animadoras de cultura y economía rural y símbolos de nuestra identidad, en las zonas de medianías y el extrarradio de nuestras ciudades, y que hoy las seguimos necesitando para potenciar un futuro económico y social menos dependiente y respetuoso con nuestro medio natural. Se trata de un modelo rico en valores y alternativa a la enseñanza masificada y de mercado que nos quiere imponer la globalización del liberalismo salvaje. Esto lo han entendido ya varios ayuntamientos de La Palma, que han propuesto al Pleno del Excmo. Cabildo de La Palma, se les conceda las escuelas unitarias la Medalla de oro de la isla. También reconoce sus valores el Consejo Escolar de Canarias, que rechaza la política de la Consejería y exige el consenso antes de cerrar una escuela de este tipo y el Parlamento de Canarias que mediante Proposición no de Ley exige su respeto.

Por el contrario, la Consejería está aplicando una reconversión chapucera y unilateral del profesorado tutor de estos centros, para obligarlos a concursar y conseguir su desarraigo del entorno social para luego cerrar estos centros sin resistencia. Sobra decir que con los dineros que se ahorra cerrando estos centros, amplia los conciertos con los negocios de la enseñanza privada.

Las Comunidades educativas y los ciudadanos ya están hartas de esta política cicatera y en el manifiesto se le hace saber a la Consejería que los palmeros, por nuestra dignidad, no lo vamos a permitir…, que ya lo intentaron en cursos anteriores, pero la respuesta de más de 2000 ciudadanos en la calle y el apoyo de nuestros Ayuntamientos y Cabildo consiguieron frenarlos.