Pocas veces me he encontrado en mi vida, en el mundo de la educación, con una paradoja cómo la que estamos viviendo desde la escuela rural, unitaria o pequeña de Canarias. Este subsistema educativo cuenta con un amplio respaldo institucional, además del de las Comunidades Educativas, nada menos que de El Parlamento de Canarias y del Consejo Escolar de Canarias.

Ambos reconocimientos han surgido de una concienciación social conseguida por el convencimiento de la bondad de este modelo y de su importancia dentro de la Escuela Pública Canaria. Este convencimiento está basado en argumentos y razones y en estudios realizados por asociaciones de padres y madres de alumnos. Conseguido en base a la movilización y al sacrificio de muchas personas, maestros, padres y políticos que han sabido interpretar correctamente el sentir de la mayoría.

Digo paradoja, porque hoy (podría parecer otra cosa dado este respaldo) este modelo está más en peligro que nunca. La Consejería de Educación del Sr. Ruano emprendió ya hace tiempo una persecución hacia la Escuela Unitaria que, poco a poco, le va dando sus frutos y la tenaza se cierra cada vez más, por actuaciones concretas en contra de este modelo, unas veces, y otras por la política educativa general que se ha ido siguiendo.

Algunos hitos en esta historia: a principios del curso 2000-2001 el Sr. Viceconsejero (la idea de acabar con ellas venía desde muy atrás, desde que este señor era Director General en Promoción Educativa, a los itinerantes nos dejo entonces un buen regalito ) tantea al sector para ver cuál era su grado de implicación y compromiso con las escuelas unitarias. Fue el famoso ataque, sin ningún tipo de fundamento, por el que venía a decir que los alumnos no se socializaban bien y que la calidad educativa dejaba mucho que desear. Esto unido a un intento de llevarse el tercer ciclo de Primaria a los centros comarcales intentando enfrentar a los centros grandes con las unitarias (en aquel momento no funcionó pero han seguido con esta estrategia y ahora está dando sus frutos). Encontró una contundente respuesta en contra que desembocó en manifestaciones, pronunciamientos públicos, acuerdos de Plenos Municipales y de Consejos Escolares Municipales, entregas de firmas, declaraciones en prensa, movimientos en contra de Federaciones de AMPAs etc . En contestación a esta movilización la Viceconsejería contraatacó usando alguna federación de AMPAs, cuya directiva es afín a sus postulados, para reunirse con ellos y con los padres para intentar desacreditar a quienes allí estábamos luchando por lo que creíamos era justo. Se le pidió la dimisión cosa que no encajó muy democráticamente (la mayoría de padres se fueron de la reunión). Al finalizar la reunión adquirió un compromiso de enviar un documento para consensuar con todos para solucionar el problema. Cuando llegó el documento la sorpresa fue mayúscula. Con un cinismo de lo más putrefacto envía un documento (fechado en 1989) que significaba la desaparición de este modelo pues limitaba la continuidad de los centros a estar a una distancia del centro comarcal que casi ninguna unitaria cumple.

Ante este documento contestamos todos mediante una actuación coordinada de CERs y Asociaciones de Padres y Madres, que desembocó en la aprobación de un Informe-Propuesta en el Consejo Escolar de Canarias (el 1 de febrero de 2002) que venía a reconocer las especificidades del modelo y propone un trato diferencial, por ser diferente, y necesario dadas las características orográficas, sociales y económicas imperantes en Canarias.

Este informe ha sido favorable al mantenimiento de éstas y esboza un subsistema muy especial y de calidad dentro del sistema educativo y que como tal merece un tratamiento especial, teniendo en cuenta factores muy importantes y que no son la mera cuantificación de alumnos. Hace también una serie de propuestas de actuación coordinada de todas las Administraciones. La Consejería, por boca del Sr. Viceconsejero, dice que son obviedades (lo que nunca hemos entendido es por qué si son obviedades por qué no son aplicadas) y que no es eso lo que quería. Quería y quiere nº de alumnos para cerrar, sin ningún otro tipo de consideración. Don Orlando Suárez, pidió a la Consejería una política específica para estas escuelas y que se tuviera en cuenta a los sectores implicados antes de tomar decisiones.

Paralelamente el PSOE presenta una Proposición no de Ley en la línea de elaboración de normativas no discriminatorias con respecto a los centros grandes, provisión de recursos necesarios, garantizar un proceso de participación de todos en la toma de decisiones con respecto a estos centros y cumplimiento del desarrollo del Mapa escolar de Canarias, todo ello justificado en la calidad del sistema y las grandes inversiones humanas y materiales seguidas hasta ahora. Se rechazo con los votos de CC y del PP. Este rechazo se justificó en la no necesidad de ninguna actuación por estar ya bien atendidas.

A continuación de todo esto viene la respuesta de la Consejería por medio de los hechos. Cierra o intenta cerrar varios centros en Canarias y los que no desaparecen es porque la Comunidad Educativa del Centro se moviliza. Tengo documentados algunos de estos intentos de cierre aunque la Consejería siempre los ha negado. En la Palma el cierre de centros o de conversión en aularios de esa unitarias en Fuencaliente y en Puntallana se frenó exclusivamente por motivos políticos con una reunión con el Sr. Consejero. ¿Por qué no se hizo lo mismo en toda Canarias? Por otro lado la Viceconsejería hacía otra cosa. El Consejero negó descoordinación.

Al mismo tiempo CONFAPASECA y FITAPA expresan mediante sendos escritos, con fecha de 3 de junio de 2002, el rechazo a estas supresiones no entendiendo el cómo se quiere eliminar un sistema que funciona y no entendiendo tampoco como, por un lado, se dice que no se va en contra de las escuelas rurales y, por otro, los hechos dicen otra cosa. También algunos CERs se oponen a estas medidas.

El 31 de mayo de 2002 el Colectivo de Unitarias Zona Este de La palma pide la mediación del Diputado del Común ante lo que consideramos violación de la Normativa por la que se rigen los CER. En estos días (13-03-03) nos hemos encontrado con que de mediación nada, lo único que ha hecho el Diputado del Común es trasladarnos un escrito elaborado por la Consejería de Educación en el que entre otras lindezas nos dice que el Informe del Consejo Escolar de Canarias es desconocido para ellos.

* Se justifican en el caso de escolarizar más de 8 alumnos de Educación Infantil y Primer o Segundo Ciclo de Primaria, siempre que en un radio de 5 kilómetros no exista un centro completo con toda la oferta educativa o el tiempo invertido en el traslado del alumnado no supere los 10 minutos. 

* Escolarizarán también alumnos de Tercer Ciclo de Primaria si en un radio de 10 kilómetros no existe un centro completo con toda la oferta educativa o el traslado de alumnos supera los 15 minutos."

Esto claramente es que desaparezcan.

Continua así la historia hasta hoy con algunos cierres de CERs por medio como el de Valsequillo, en Gran Canaria, o las movilizaciones de la Isla Baja en Tenerife.

Se aprueba (B.O.P.C de 17 de enero de 2003) Proposición no de Ley presentada por el Partido Popular y aprobada por unanimidad (no sabemos porque ahora sí y antes no, aunque bienvenida sea). Esta PNL insta al Gobierno a actuar en las siguientes líneas:

1.-En caso de cierre de un centro debe existir un estudio exhaustivo de la conveniencia o no del mismo así como un consenso con todos los sectores implicados. Deben existir condiciones de igualdad con los centros de su zona.

2.-Adecuación de infraestructuras.

3.-Desarrollo del Mapa Escolar.

A esta PNL, Coalición Canaria, presenta una enmienda, que se añadió al texto definitivo, en la que hay la siguiente coletilla: "... primando el derecho a la educación de los niños y niñas en las mejores condiciones posibles" Estamos en las mismas, el Gobierno de Canarias, por boca de su Consejería de Educación, interpreta y considera que lo mejor para la educación de los niños, no está en las unitarias.

El otro aspecto que ya se está saltando la Consejería es el de que los centros rurales estén en condiciones de igualdad con los centros de su zona. En documento de planificación de la Viceconsejaría se establece que los padres que quieran pueden llevar en transporte escolar a sus hijos de Infantil aunque haya un centro más cercano. No veo esto como una cosa mala si también hacia la unitaria hubiera transporte. ¿Además como es posible estar en condiciones de igualdad con un centro que ofrece comedor escolar y transporte que son los servicios demandados por los padres ya que cada vez más se generaliza el que los dos padres trabajen? ¿No es posible negociar alguna fórmula para que esos servicios puedan ser recibidos también en las unitarias?

El último apunte de esta historia: contestación del Director General de Personal a un sindicato de la enseñanza.

Unas cuantas consideraciones:

1.-La mayor parte de las plazas negativas son de la especialidad de Primaria. Eso significa que si el profesor definitivo concursa y obtiene destino esa plaza desaparecerá de la Plantilla Orgánica del Centro (Plantilla de profesores definitivos) pasando a Plantilla de funcionamiento que es la real de los centros (provisionales e interinos según las necesidades del centro). Esto supone para la escuela unitaria otro escachón más, porque en el futuro se irá eliminando el profesorado definitivo que es el que en la actualidad está dando la batalla para que no se cierren estas escuelas. Ya nadie podrá acceder a una escuela unitaria por concurso de Traslados como propietario definitivo.

Al final analizando el documento, le dan la razón a ese sindicato, son plazas a suprimir. lo que pasa que son poco a poco y dentro de un plan marcado hace ya mucho tiempo por la derecha española y más arriba por la OCDE. Para esta gente la enseñanza es un negocio privado y al trabajador hay que tratarlo como en estas empresas, o sea, es necesario la movilidad, la precariedad, la formación, pero no para mejorar sino para valer para todo y colocarlo donde más convenga, etc y todo esto sin tener en cuenta para nada, aunque se diga lo contrario, la calidad del servicio que se ofrece y el que estamos jugando con el futuro de las nuevas generaciones.

3.-Volviendo al escrito me surgen varias preguntas: ¿Si no se generan vacantes de resulta, en el concurso siguiente salen esas plazas? ¿Por qué las plazas a amortizar son casi todas de la especialidad de Primaria o lo que también se llaman generalistas? ¿Qué ocurre con el profesorado que en el curso 2007/08 aún no tiene ninguna especialidad de las necesarias?

Volviendo a la paradoja. Paradójico es que el respaldo institucional del Parlamento de Canarias y del Consejo Escolar de Canarias al final parece no servir para nada.

Desde aquí animo a todos los compañeros de unitarias de toda Canarias a usar estos dos documentos para reivindicar un mejor trato para la Escuela Rural y a denunciar todas las actuaciones tendentes a eliminar este modelo.

Visto todo esto ¿Hay una política educativa tendente a eliminar este modelo? Pues claro que sí y aunque se niegue la demostración está en los hechos y aunque la verdad siempre sale a flote, en nuestro caso cuando lo haga, ya habremos desaparecido, si entre todos no lo remediamos.

Álvaro Martín Corujo