No debe sorprendernos la habitual condescendencia con la que nuestros conciudadanos del norte opinan sobre las aspiraciones de los puertorriqueños. Después de todo, ellos visceralmente consideran que es un privilegio pertenecerles. Está muy bien que nos apliquen sus leyes; aunque para nada participemos en las deliberaciones congresionales que las adoptan y estemos sujetos al poder de sus designios según el Tribunal Supremo Federal ha dispuesto en virtud de la cláusula territorial que, según ha sido interpretada; legitima el dominio colonial de Puerto Rico.

Con soberana displicencia nos invita a pertenecer a un club al que, en virtud de la Ley 600 de 1951, no pertenecemos. Para desgracia de este pueblo; nada de lo que ocurrió en el 1952 al ratificar los puertorriqueños su Constitución consintiendo a llamarnos Estado Libre Asociado alteró la dura realidad.

Pertenecemos a, pero no somos parte de esa Corporación USA. Hace apenas veintitrés años el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en sendos casos que este servidor radicó en el Tribunal Federal impugnando el trato discriminatorio en materia de seguridad social, reiteró su doctrina enunciada en los casos Insulares de 1901 en ese sentido. Según los nueve faraones del Supremo somos un territorio no incorporado sujeto a poderes especiales en virtud de la cláusula territorial. De esa manera el Supremo legitimó el contrasentido de que una nación que había nacido de una vocación republicana inspirada en el derecho inalienable a la libre determinación de los pueblos, se convirtiera en un poder imperial a la Europea

Se equivoca, por lo tanto, el Florida Times Union al reconocernos membresía en ese Club. Ni votamos una delegación congresional que represente a los puertorriqueños con su voto; ni votamos en las elecciones presidenciales de ese país. Si lo hiciéramos; Al Gore sería el Presidente y no el que usurpa ese cargo para el que no fue electo democráticamente. Solo estamos significativamente representados en las fuerzas armadas de ese país. A la hora de pelear sus guerras o recibir castigo sí pertenecemos a ese exclusivo Club.

No nos deben sorprender las actitudes de los Florideños. Lo que sí resulta difícil de aceptar es la sumisión con la que este pueblo al que pertenezco ha consentido al dominio producto de un acto de guerra en el que, como botín de guerra, fuimos vendidos por España a los Estados Unidos sin que para nada mediara la voluntad de los puertorriqueños.

Durante cincuenta años nuestro gobierno insular fue una franquicia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y de su contraparte civil: El Departamento del Interior. Por cincuenta años el Presidente de ese país nombró los gobernadores de esta colonia y convirtió nuestro país en un cañaveral dominado por el Sugar Trust a su vez dominado por la South Puerto Rico Sugar. En el 1952 el Pueblo de Puerto Rico ratificó una nueva relación que resultó ser más insidiosa aún por haber confiado nuestro pueblo en las representaciones de Washington en el sentido de que presenciábamos la puesta en marcha de un status político que reconocía la existencia de una asociación fundada en la dignidad del mutuo respeto y la autonomía de Puerto Rico. Se trataba de una maniobra más de los yanquis para legitimar, en el contexto de su apoyo a la descolonización de las colonias inglesas, francesas, alemanas, japonesas y holandesas, su intención de seguir ejerciendo su dominio sobre Puerto Rico.

Esa Constitución que adoptamos en el 1952 y ratificó por el Congreso de los EEUU rechazaba, de plano, la imposición de la pena de muerte en Puerto Rico. Los puertorriqueños decidieron como pueblo proscribir esa abominable práctica fundada en la venganza y la negación de la vida. De nada vale hoy que digamos los puertorriqueños que el Congreso al ratificar nuestra Constitución se obligaba a reconocer que esta limitaba sus poderes en Puerto Rico. Para ellos cualquier Ley del Congreso se impone sobre la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Esa es la misma lógica imperial que los lleva a tratar de imponer su impunidad frente al Derecho Internacional, la Corte Penal Internacional y el poder judicial de los países donde decide, con la servil anuencia de sus anfitriones neocoloniales, proyectar su fuerza militar y el dominio de sus multinacionales. Se trata de la afirmación de los Estados Unidos de su potestad de matar donde quiera que se le antoje; sea en Guantánamo, Colombia, Irak o Afganistán.

Por eso es que lo que está detrás de esta imposición colonial de la pena de muerte no solo nos atañe a los puertorriqueños; sino a todos los pueblos que atesoran su derecho a la libre determinación e independencia frente a las pretensiones imperiales del gobierno de ese país. El pueblo de Puerto Rico se enfrenta, una vez más a la soberbia y el hubris de la nación más rica y poderosa de este planeta que pretende, con este acto de desprecio a nuestra Carta de Derechos y nuestra libertad, demostrar ante el mundo, que el único poder soberano que le atañe es el que ejerce y usurpa la Corporación Imperial USA que renegó de su pasado republicano y pasando de República a Reprivada.

Lo triste y trágico de esta situación es que el pueblo estadunidense es cada vez más, ignorada por los grupos corporativos que han montado el más formidable aparato de propaganda y manipulación mediática que haya conocido la humanidad. Un pueblo que lucho en dos grandes guerras mundiales y decenas de guerras justificadas en la supuesta defensa de los principios democráticos que dieron grandeza a ese proyecto de nación, poco a poco irá tomando conciencia de que su democracia ha sido intervenida por lo que Eisenhower hace cincuenta años anticipó. El sueño americano convertido en pesadilla.

La suerte no está echada. Amplios sectores que representan los valores humanos de ese pueblo están comprometidos con poner fin a esta usurpación de sus prerrogativas y sus derechos fundamentales. Apoyemos sus aspiraciones democráticas defendiendo esos derechos donde quiera que estén en entredicho. Eso hacemos en Puerto Rico los que defendemos el derecho a la vida.

Aquí, en Chile, en la Sierra Nevada de Colombia y dondequiera que la violencia pretenda privar sobre la solidaridad.

Puerto Rican protesters have a legitimate, albeit hopeless, grievance. Two men held a wealthy businessman for ransom, then killed and dismembered him. Puerto Rican law forbids capital punishment. U.S. prosecutors, however, chose to seek the death penalty against the two in federal court. One of the protesters insists the decision "infringes on our culture, our laws and our customs." Of course it does. Welcome to the club. The federal government constantly infringes on people's values, sometimes through legislation and more often by judicial decree. Nearly everyone in the continental United States shares the Puerto Ricans' pain. Most Americans, for example, favor far greater restrictions on abortion than the federal government will allow. Nearly a decade ago, Congress passed a law that gave U.S. attorneys the right to try a few egregious classes of crimes -- and to seek the death penalty, even where it is not allowed by local law. The protesters say their island's status needs to be renegotiated to keep that sort of thing from happening again. But it's doubtful that Congress would give more autonomy to a commonwealth than the states. Puerto Rico, at least, can solve the problem by becoming independent. States don't have that option.