Corrupción en América Latina tiene uno de los niveles más altos del planeta

Estudio de académico de la Universidad Católica

A la hora de desmenuzar por países, eso sí, Chile y Costa Rica se encuentran dentro del rango de países desarrollados, mientras que los niveles de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, están entre los más altos del mundo.

Fecha edición: 16-06-2003

Se distorsiona el esfuerzo productivo y los objetivos de los productores, los que se orientan a la búsqueda de rentas, el oportunismo y las ganancias excesivas.

Se desarrollan y perpetúan estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados. Se proveen bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos.

Se reducen los incentivos a la inversión debido a los mayores niveles de riesgo.

Se desincentiva la entrada de potenciales empresarios a los mercados, en particular de inversionistas extranjeros.

Se frena la innovación y el desarrollo creativo, porque se desprotege la propiedad intelectual.

La corrupción representa un robo de recursos públicos, cuyo costo social es considerablemente mayor que el beneficio que provee para el funcionario corrupto.

Se distorsiona la toma de decisiones en el sector público respecto de los servicios e inversiones que debe efectuar el Estado.

Corrupción hay en todos los países del mundo. Pero cuantificarla es tarea de titanes. Es que aparte del secreto en el que opera, no existe un indicador que sirva de denominador común para hacer comparaciones en el tiempo o entre países, advierte el estudio "La corrupción desde una perspectiva económica", realizado por el profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Raimundo Soto, y publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Pero Soto hace el intento, y basándose en indicadores de Transparencia Internacional, junto con mediciones de participación ciudadana, rendición de cuentas de los funcionarios públicos, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad de las regulaciones, respeto por las leyes y esfuerzos de control de la corrupción, concluye que "el problema de la corrupción en América Latina es grave". Altísimo, dice, en comparación con otras regiones en desarrollo y, agrega, "se está lejos de alcanzar los estándares de los países desarrollados en cualquiera de los indicadores de situación institucional".

Es más, advierte que "los niveles de inestabilidad política y violencia son sólo comparables a los de Africa y Medio Oriente, lo que sugiere el enorme riesgo y conflicto social que enfrenta la población". Y el problema es que todo esto, precisa, "se traduce en un fuerte desincentivo para los inversionistas nacionales y extranjeros".

A la hora de desmenuzar por países, eso sí, "Chile y Costa Rica se encuentran dentro del rango de los países desarrollados, mientras que los niveles de corrupción en Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela están entre los más altos del mundo".

Claro que sólo Costa Rica se acerca a los países desarrollados si de estabilidad política se trata y, por el contrario, los casos más dramáticos se dan en Colombia, Guatemala y Paraguay, en la muestra de los 100 países medidos por corrupción y variables institucionales.

Todo esto a pesar de que, como afirma Soto, América Latina tiene una vida independiente mucho más larga que la mayoría de los países en desarrollo, cuestión que, según el académico, "no ha llevado a la consolidación de gobiernos eficientes. Sólo Chile presenta niveles que lo ubican entre los más eficientes de los países desarrollados (Grecia, Italia y Francia). Entre las naciones con peor gestión figuran Paraguay y Venezuela, que se comparan únicamente con países africanos".

Según el estudio del economista, "la dimensión más grave de Latinoamérica" es el no respeto a las leyes y la falta de medidas de control de la corrupción.

Chile, Costa Rica y Uruguay presentan indicadores aceptables en esto, a diferencia de Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay". Notable le parece al autor, además, que los países con mayores niveles de riqueza - Argentina, Brasil, México y Venezuela- se encuentren entre aquellos "con problemás profundos de respeto a las leyes".

De acuerdo al estudio, las áreas más afectadas por la corrupción son los servicios públicos, las licitaciones y adquisiciones públicas, la recaudación de ingresos fiscales (impuestos, aduanas), el nombramiento de funcionarios y la administración de gobiernos locales.

Una hipótesis frecuentemente escuchada, agrega Soto, "es la de que este problema se refuerza en aquellas economías en que los servidores públicos son relativamente mal pagados", y agrega que, en términos generales, también ayuda a la corrupción "la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado; la existencia de un ordenamiento jurídico e institucional inadecuado a la realidad nacional y la inoperancia práctica de las instituciones públicas.

Aparte del tema ético, Soto advierte que "desde un punto de vista económico cada acto de corrupción provoca un costo social". Eso, en la medida en que las decisiones sean tomadas por funcionarios públicos de acuerdo a motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias adversas que ellas tienen sobre la comunidad".

Lo concreto, dice el economista, es que la corrupción distorsiona los incentivos con los cuales opera la empresa privada, reduciendo la eficiencia económica. Peor aún, asegura que si la corrupción incide en los procesos de toma de decisiones del Estado, distorsiona la asignación de recursos. Y lo más grave es que "la corrupción reduce el crecimiento económico al disminuir los incentivos a la inversión". Esta, por lo demás, actúa como un freno a la innovación y al desarrollo creativo.

Un elemento crucial del análisis del economista es que "el daño hecho usualmente es considerablemente superior al monto del soborno mismo

ICQ 38508204